viernes, 6 de septiembre de 2013

Ridiculiza Aguirre a la Comunitaria para justificar la detención de Nestora

*Según el gobernador, la policía indígena que ha crecido para defender a los pueblos del crimen organizado sólo está para detener a los que escandalicen en las comunidades o a quienes le falten el respeto a su mamá
*Difunden el acuerdo de la asamblea de la CRAC que reconoce a El Paraíso y a Nestora y exige su liberación
*El que es arcaico es su sistema de justicia, responden a Martínez Garnelo
*Condena Morena las expresiones groseras, temerarias y ofensivas de éste

La Comunitaria está para detener a quienes escandalizan en una comunidad, dice Aguirre
*Acota el gobernador las funciones de la policía indígena que ha crecido para defender a los pueblos del crimen organizado y agrega que otra es detener a quienes le falten el respeto a su mamá. Niega que haya los “buenos” de la CRAC de Eliseo Villar y la UPOEG de Bruno Plácido y los “malos” de la Casa de El Paraíso e insiste en que habrá una operación para rescatar a los detenidos en El Mesón. Nestora Salgado se salió de las normas de la CRAC y se negó a entregar a detenidos, responde a pregunta de Denisse Maerker de que la reclusión de la olinalteca parece un “castigo” político

El gobernador Ángel Aguirre Rivero dijo que la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) se creó para atacar delitos menores, y solo pueden actuar “cuando alguien comete un escándalo o cuando alguien le falta a su mamá el respeto” porque en delitos mayores tienen que entregar a las instituciones policiacas y ministeriales a los que detengan.
Indicó que no hará una “diferenciación” entre la CRAC de El Paraíso y la de Elieso Villar, ni entre éstas y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y reiteró que habrá una operación con el Ejército para rescatar a los detenidos de la Policía Ciudadana que están en El Mesón, municipio de Ayutla.
En entrevista en el programa “Atando Cabos” de Radio Fórmula, que conduce Denisse Maerker, al gobernador se le preguntó por qué su gobierno sólo actuó contra la Casa de Justicia de El Paraíso, cuando hay otras de la misma CRAC, adem´s de la Policía Ciuddana de la UPOEG que también tienen detenidos por delitos graves como secuestro y extorsión, y en respuesta el gobernador admitió que conoce esa información y actuará en consecuencia.
–Pero las otras Casas de Justicia también tienen entre 50 y 60 detenidos, aquí el tema es como establecer la diferencia. En las demás  Casas de Justicia  y tenemos los datos, hay igual número de detenidos, y no por delitos menores, están por extorsión, por crimen organizado, están por muchas  cosas, es decir ¿cuál es la política homogénea? –preguntó la periodista.
–La política es de aplicación general, la política es que no vamos a permitir, es decir, tenemos… hicimos un operativo en Tlatlauquitepec donde también rescatamos a tres personas –respondió el gobernador
–Pero como distinguen a los buenos detenidos y a los malos detenidos –insistió Maerker.
–No, no, déjame decirte, tenemos información que en la comunidad de El Mesón  municipio de Ayutla (a cargo de la Policia Ciudadana de la UPOEG que encabeza Bruno Plácido) se encuentran detenidos también algunas personas, por los delitos de los que estás tú señalando, nosotros en ese sentido vamos a aplicar totalmente la ley, haremos los operativos también donde sea necesario para rescatar a cualquier persona
El gobernador insistió en que si la Policía Comunitaria y la Policía Ciudadana de la UPOEG, “realmente quieren colaborar y tienen los afanes de contribuir a la seguridad y para eso están las instituciones, (deben) entregar a las personas a las que ellos les señalen un delito”.
“Si tienen alguna duda, alguna desconfianza de alguna autoridad ministerial, pueden ellos designar a un abogado coadyuvante que vigile el proceso, que eso les garantice la confianza de que habrá la aplicación de la ley”, reiteró.
El gobernador insistió en que los integrantes de las policías ciudadanas  o comunitarias “no pueden ir armados de un pueblo a otro, no pueden detener en delitos mayores. Cuando los detengan deben entregarlos de inmediato a la autoridad correspondiente”.
Y le fijó sus funciones a estas policías que han proliferado en este año ante las agresiones del crimen organizado. Están, dijo, para detener a “alguien (que) comete un escandalo, cuando alguien le falta a su mamá el respeto” y agregó de inmediato que “ellos tienen un código de aquellos delitos que consideran menores”.
En la misma línea de argumentación Maerker le preguntó a Aguirre por qué a la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado la acusan de secuestro cuando en otras casas de Justicia también hay personas detenidas.
–La señora Nestora Salgado está acusada de secuestro que me parece una acusación muy fuerte, y la CRAC la volvió a reconocer en una asamblea el sábado. El tema es que, si no me equivoco, la CRAC tiene otros detenidos, los juzga, hay una justicia local que está aceptada. Es decir, hablar de secuestro, parece que es un castigo gobernador, un castigo en contra de una mujer en particular, para mandar una señal política en general –dijo la periodista
–Yo te diría lo siguiente, las disposiciones con  que se creó la CRAC es llevar a cabo la reeducación sólo en delitos menores. Tuvimos información que desde hace tres meses se encontraban en la casa de la comunidad El Paraíso, municipio de Ayutla,  más de 60 personas que estaban ahí recluidas por no decir secuestradas, eso nos llevó a la necesidad de llevar a cabo un operativo conjunto el Ejército mexicano, la Marina y la Policía del Estado, detuvimos a unos policías que se oponían a la liberación de estas personas, quiero decirte que tampoco vamos a actuar permitiendo la impunidad, si tienen algún delito serán sancionados.
“Yo no tengo nada en contra de la señora, daremos las facilidades necesarias para que conozcan de cerca el proceso judicial que habrá de seguírsele, y si se encuentra que no hay los elementos suficientes procederemos en consecuencia, lo que yo no puedo permitir como gobernador es que sigan dándose estas prácticas, ahí tengo plena coincidencia con el presidente de la República Peña Nieto, nadie puede hacer justicia por sus propias manos”, agregó.
Y luego de que Maerker le recordó que el síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, fue detenido en flagrancia, y no secuestrado por Nestora Salgado, como dice su gobierno, Aguirre respondió: “Lo estamos investigando y si al señor síndico de Olinalá se le encuentra responsabilidad procederemos en consecuencia”.
Para justificar la detención y reclusión en una cárcel federal en el lejano estado de Nayarit de Nestora Salgado, el gobernador dijo que “desafortunadamente ella se salió de las normas de la CRAC, así lo dice la propia CRAC, y en segundo lugar nosotros la invitamos a través del secretario de Gobierno (Jesús Martínez Garnerlo) a que entregara a las personas que se encontraban detenidas en El Paraíso, se negó a hacerlo, entonces vino la denuncia de secuestro agravado y eso motivó que se le detuviera”.
Aguirre Rivero también rechazó que el gobierno del estado obstruya al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan para que lleve la defensa de Nestora Salgado, y dijo que “Tlachinollan tiene abiertas las puertas para participar en la defensa de Nestora, fueron más bien los de la CRAC, quien determinó no involucrarse en el caso particular de Nestora, así lo manifestaron ellos, pero si esta organización a través de Vidulfo Rosales… yo estoy en toda la disposición que puedan coadyuvar en el caso, no tengo ningún inconveniente”.
De la  credencialización de los policías comunitarios de la CRAC Aguirre Rivero dijo que fue iniciativa de ellos porque había personas que se hacían pasar por miembros de la CRAC y desviaban el trabajo de la Policía Comunitaria. “Ellos mismos plantearon la necesidad de una nueva credencialización”, señaló.
“Pidieron que fuera el gobierno del estado quien los avalara, llevan la firma del secretario general de Gobierno, y no sólo eso, ellos se comprometieron también a que hiciéramos una revisión de sus armas y que sólo portarían aquellas que no están reservadas para el Ejército o cualquier otra institución”, añadió.
Luego, a pregunta de la periodista, corrigió sus declaraciones y aceptó que fue petición del gobierno la credencialización de los policías comunitarios.
Aguirre Rivero también habló de su proyecto de Policía Rural, la cual dijo que estará bajo el control de la Secretaría de Seguridad Pública pero será mediante asamblea como se defina a los participantes y después serán sometidos a pruebas de control de confianza y capacitación.
El gobernador dijo que está en espera de la asamblea del sábado en la que la UPOEG definirá si se adhiere a la Policía Rural o no, porque la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad Ciudadano no está reconocida por la Ley 701.
Aguirre Rivero dijo que los maestros de la CETEG participan de manera “testimonial” en las movilizaciones que se realizan en el Distrito Federal contra la reforma educativa.
Indicó que el ciclo escolar en el estado arrancó sin contratiempos excepto en “una o dos comunidades” a consecuencia de los problemas de inseguridad, lo que ocasionó que las familias fueran desplazadas. (Daniel Velázquez).
Difunden el acuerdo de la asamblea de la CRAC que reconoce a El Paraíso y a Nestora y exige su liberación
*Nadie tiene la facultad de fijar la posición política de nuestra institución comunitaria por lo que ninguna opinión o posición distintas de ningún miembro de la institución a título personal puede contravenir los acuerdos de la asamblea”, menciona en alusión a Eliseo Villar
Redacción
Los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y su Policía Comunitaria en la asamblea regional del sábado respaldaron a la Casa de Justicia de El Paraíso y exigieron la liberación inmediata de todos los coordinadores y policías comunitarios detenidos por el Ejército, la Marina y la Policía Federal, incluida la coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado García, presa en un penal de Nayarit.
Se manifestaron por el respeto a la Ley 701 y exigieron el cese de la estrategia del gobierno y las empresas transnacionales que pretenden desarticular la organización indígena para instalar las mineras.
En un comunicado difundido ayer y firmado por el presidente de la mesa de debates, Sabás Aburto Espinobarros y el secretario de la misma, Crispín de la Cruz Morales precisan que los acuerdos se dieron en una asamblea “formalmente constituida dentro del reglamento y mecanismos de decisión” de esa organización.
Los acuerdos se establecen clramente en el documento “Pronunciamiento de la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias de la CRAC-PC, celebrada el 31 de agosto de 2013 en San Luis Acatlán, Gro.” Contrario a esas resoluciones,  el coordinador de la Casa de Justicia de la CRAC de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, declaró el miércoles que el acuerdo era desconocer a los de la Casa de Justicia de El Paraíso y que “la mesa de debates no tuvo la capacidad para que los acuerdos quedaran lo suficientemente claros”.
El gobernador declaró ese día que estaba dispuesto a incluir a la representante de la CRAC en Olinalá, Nestora Salgado García en la mesa de negociación en la que se tratan los casos de los detenidos si la Casa de Justicia de San Luis Acatlán se lo solicitaba.
En este contexto, la mesa de debates de la asamblea envió ayer el documento en el que da cuenta de que las autoridades comunitarias en la asamblea se pronunciaron por la inmediata e incondicional liberación de todos los coordinadores y policías comunitarios detenidos, y  la salida inmediata del Ejército, la Marina y la Policía Federal del territorio comunitario.
La asamblea se solidarizó  con las organizaciones, colectivos y personas que están en contra de la represión de los pueblos, autoridades y dirigentes de la CRAC.
Se manifestó por “la unidad e integridad del sistema comunitario de seguridad, justicia y reeducación que comenzamos a construir hace 18 años de acuerdo a los usos y costumbres de los pueblos” y pidieron respeto “irrestricto e incondicional de nuestro sistema comunitario, exigimos la observancia cabal de la ley 701, los artículos 2 y 39 de nuestra carta magna así como de los convenios y tratados internacionales que nos dan sustento como institución de los pueblos”.
Calificó como un “engaño” que las autoridades pretenden instrumentar en los pueblos a  la cruzada contra el hambre, la cual “busca controlar a la población con las fuerzas armadas”.
Exigen la cancelación de las concesiones de exploración y explotación de los recursos minerales en territorio comunitario, manifiestó que los integrantes de la CRAC iniciaron luego de darse a conocer la autorización para  la instalación de mineras,   debido a que “la confusión, división, control del territorio, desarticulación de nuestras organizaciones” consideraron son la estrategia del gobierno y de las empresas mineras trasnacionales.
El texto precisa que la asamblea es la máxima autoridad del sistema comunitario y es la que define el proceso organizativo que han de seguir los pueblos incluidos, y que “nadie tiene la facultad de fijar la posición política de nuestra institución comunitaria por lo que ninguna opinión o posición distintas de ningún miembro de la institución a título personal puede contravenir los acuerdos de la asamblea”, en aparente alusión  a Eliseo Villar.
Dice que la estrategia de división y agresión la inició el gobierno estatal y el federal contra los pueblos de la CRAC, “como lo demostró el allanamiento a la casa de Justicia de El Paraíso y detención y encarcelamiento de los policías comunitarios”.
Indica que  “la supuesta expulsión de la Casa de Justicia de El Paraíso no fue un acuerdo de asamblea”, que la presencia de militares y marinos vulnera la armonía y tranquilidad de la población, violando “flagrantemente nuestros derechos como pueblos originarios  reconocidos en nuestra carta magna y en diversos instrumentos internacionales”.
En la asamblea realizada en San Luis Acatlán participaron policías y comandantes comunitarios, comisarios y delegados municipales, ejidales y comunales, consejeros y coordinadores regionales de la CRAC  de las casas de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso, recuerda.
El que es arcaico es su sistema de justicia, responde Vidulfo Rosales a Martínez Garnelo
*El de la CRAC da mejores resultados que el de los gobiernos federal y estatal, replica el abogado de Tlachinollan. Sus declaraciones y las del procurador “están fuera de lugar y no nos llevan a nada”, asegura
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, respondió ayer al procurador de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera, y el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, que el sistema de seguridad y justicia que aplican es el “más arcaico, caduco y atrasado”.
Criticó, sobre todo, que hayan calificado a la justicia comunitaria que aplica la CRAC “como una justicia arcaica”, cuando dijo que está comprobado que es la que ha dado mejores resultados que la seguridad y justicia que aplican los gobiernos estatal y federal, expresó.
Rosales Sierra se refirió a las expresiones del secretario de Gobierno, Martínez Garnelo, en el sentido de que la “la Ley 701 se ha convertido en un caballo de Troya para Guerrero”; que “los indígenas aplican una justicia del siglo XV”, además de que “no habrá ninguna consideración hacia ellos”.
Así como la expresión despectiva del procurador Blanco Cabrera hacia Nestora Salgado García, en el sentido de que tiene estudios de secundaria inconclusa,pero algo ha de saber de leyes, y la abierta amenaza de que hay “muchas más denuncias” en su contra.
“Nos preocupan esas declaraciones que expresaron los funcionarios en el marco de sus comparecencias, sobre todo porque no ayudan en nada para distensar la situación que estamos viviendo en estos momentos”, manifestó.
El abogado agregó que los funcionarios aludidos son los responsables en todo caso de que la seguridad y la justicia que aplican se ajuste al debido proceso legal, “tal y como se ha demostrado que lo están haciendo los pueblos indígenas a través de la CRAC, en donde no se aplica una justicia bárbara, como ellos lo expresaron”.
Agregó que, por el contrario, el Sistema de Seguridad y Justicia que aplica la CRAC es expedito, accesible y pronto, “a diferencia de la que aplican el gobierno estatal y federal”.
Rosales Sierra declaró que se ha comprobado que el Sistema de Seguridad y Justicia de los pueblos indígenas ha reducido el fenómeno de la delincuencia, “allí sí van a la cárcel los que realmente infringen la ley y son sometidos al proceso de reeducación”, explicó.
“Pero ahora resulta que el procurador de Justicia y el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia y ahora secretario de Gobierno quieren dar clases de cómo se debe de aplicar la justicia, cuando el sistema de seguridad y justicia que aplican es el más arcaico, caduco y atrasado”, recalcó.
El abogado de Tlachinollan agregó que si no que digan los funcionarios cuántos criminales importantes tienen procesados, “no nos pueden decir ahora que tienen una justicia perfecta”.
Dijo que las expresiones del secretario de Gobierno y del procurador “están fuera de lugar y no nos llevan a nada”.
Por eso insistió que esta postura de los dos funcionarios “obliga a las autoridades de todas las casas de Justicia de la CRAC a replantear su postura y pugnar por la unidad y no polarizar a la institución, para enfrentar unidos una eventual represión y agresiones por parte del gobierno estatal y federal”.
Ofensiva, la actitud de Martínez Garnelo hacia la Policía Comunitaria, critica César Núñez
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), César Núñez Ramos, reprochó que el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, use expresiones groseras, temerarias y ofensivas para referirse a la Policía Comunitaria y sus integrantes.
Morena se pronunció porque los derechos de los pueblos originarios, que permiten tener sus sistemas de seguridad y justicia, sean elevados a rango constitucional para que la federación los respete, y advirtió que el gobernador Ángel Aguirre Rivero con el respaldo del gobierno federal está perfilando la desaparición de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
El miércoles durante una comparecencia del gabinete de seguridad del gobierno estatal que integran el secretario de Gobierno, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPyPC) Javier Lara Montellanos y el procurador Iñaki Blanco Cabrera, Martínez Garnelo afirmó que la Lley 701 que garantiza los derechos de los pueblos indígenas se ha convertido en un “caballo de Troya para Guerrero” y que la CRAC aplica justicia como en el siglo XV.
En una llamada a la redacción de El Sur, César Núñez afirmó que las declaraciones del secretario de Gobierno, en el sentido de que “una ley estorba”, dijo que llevan al estado “rumbo al autoritarismo”.
El dirigente de Morena lamentó que el funcionario estatal se exprese de manera “peyorativa a la aplicación de la justicia del sistema comunitario”.
Le recordó a Martínez Garnelo que la Ley 701 en su primer artículo establece que es una ley reglamentaria del artículo 10 de la Constitución del estado de Guerrero y “sólo por eso, ya está obligado a velar por el cumplimiento de esa ley”.
Dijo que Morena está a favor de que los derechos que se establecen en la Ley 701 se eleven a rango constitucional para detener la intención de Aguirre Rivero y Peña Nieto de desaparecer “el movimiento autónomo indígena”.
Exigió al secretario de Gobierno a tratar, hablar y dirigirse con respeto a la Policía Comunitaria, porque consideró que el lenguaje que utilizó es grosero y temerario.
Fuente: El Sur

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