viernes, 20 de septiembre de 2013

Alertan sobre riesgo de hambruna en zona rural de Guerrero

Defensores de derechos humanos de Guerrero alertaron sobre riesgo de “hambruna” ante la escasez de alimentos y el abandono de los habitantes de las regiones indígenas de la Montaña y Costa, luego del paso de las tormentas que azotaron la entidad.
El director del Centro de Derecho Humanos de la Montaña- Tlachinollan, Abel Barrera, y el presidente de la Alianza de Derechos Humanos Guerrero Unido, Leopoldo Soberanis Hernández, denunciaron en entrevista telefónica que el Plan DN-III no se está aplicando en las zonas rurales de la entidad, lo que agrava la situación para los pobladores de las comunidades aisladas.
Barrera Hernández dijo que a pesar de que en Tlapa de Comonfort se localiza el 93 Batallón de Infantería, con 700 efectivos, “en el cuartel militar ni siquiera hay comedores comunitarios, los soldados no salen del cuartel con maquinaria o palas para abrir caminos o rescatar gente”.
El activista señaló que incluso los mismos soldados del Ejército están abandonados a su suerte: “Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional nos contaron que en un recorrido que hicieron por comunidades de Malinaltepec para repartir alimentos se acercó un grupo de unos 15 a 20 soldados a pedirles ayuda, y les explicaron que ellos tampoco tenían que comer”.
También indicó que en Tlapa, el municipio más grande de la región y en el que se concentra la mayor parte de la actividad económica de la Montaña, se están agotando las reservas de combustible, de gas y gasolina, así como los alimentos.

“En las comunidades alejadas la situación es más crítica porque el aislamiento es prácticamente total, debido a que los caminos quedaron destrozados. La gente está saliendo por su propio pie o en bestias, como en el siglo pasado, se asientan en la carretera en espera de ayuda, y el daño a la infraestructura es tan grave que va a pasar mucho tiempo para repararse”, apuntó Barrera Hernández.
Además, recordó que la región está clasificada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) como zona de riesgo, pero “nunca se han tomado precauciones, se realizan obras públicas en zonas peligrosas, no se reubica a las comunidades que peligran, todo ello forma parte de la evidente discriminación a los pueblos indígenas”.
La evidencia de la ausencia de prevención es que en estos momentos “hay una total descoordinación y falta de atención a la población más pobre; incluso los alcaldes se quejan de que no tienen recursos ni del gobierno federal ni del estatal. Apenas ayer el gobierno municipal de Malinaltepec trajo a Tlapa a 80 personas para que comieran en una casa católica”.
Sin vías de comunicación efectiva, Tlachinollan tiene un registro de al menos 28 personas fallecidas por los desgajamientos de cerros e inundaciones, así como el hundimiento de un cerro en Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, donde 60 casas resultaron afectadas.
La ONG cuenta con datos ciertos sobre severos daños en viviendas y en caminos en los municipios de Malinaltepec, San Luis Acatlán, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte, Iliatenco, Cochoapa el Grande, Tlacoapa, Acatepec y Copanatoyac
Desde la Costa Grande, el defensor Leopoldo Soberanis Hernández denunció que pese a que en la región la presencia de tropes es permanente, en estos momentos de alerta “los soldados no están metiéndose en la comunidades, sólo están haciendo rondines por lo que queda de carretera y eso no nos saca de apuro”.
Al igual que ocurre en la Montaña, Soberanis Hernández dijo que las militares “no han repartido ni un dulce a la gente necesitada ni están abriendo caminos que permitan salir de la incomunicación”.
También alertó sobre el riesgo de una “hambruna por la falta de suministros y el aislamiento” en que se encuentra la población de la Costa Grande, unas 500 mil personas.
Al aislamiento y la escasez de alimentos, apuntó, “se suma la voracidad de los comerciantes, quienes están vendiendo sus reservas a precios altísimos. Por ejemplo, un casillero de huevo que costaba 34 pesos lo están vendiendo a 150, y el litro de gasolina lo consigue uno a 40 pesos. La realidad es que los comerciantes están haciendo su agosto mientras que el gobierno no manda ni una despensa”.
Por la información que el presidente de la Alianza de Derechos Humanos Guerrero Unido ha recabado, al menos 120 comunidades de la región de la Costa Grande sufrieron afectaciones en los sistemas de agua potable, en planteles escolares, clínicas, hospitales y ya no se diga en miles de viviendas.
“Son los habitantes de la región los que nos estamos organizando para rescatar a nuestros paisanos, porque no somos tomados en cuenta. Hacemos un llamado para que volteen los ojos a las comunidades rurales, Guerrero no es solamente Acapulco”, resaltó.

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